Garzón, sivuplé.

Voy camino a un cementerio en Madrid siguiendo los pasos de Carlos Ma. Ocantos, el escritor argentino del que poco o nada se sabe. En el camino me desayuno de las noticias: la primera plana de todos los diarios anunciaban que el juez Garzón estaba a punto de conseguir la exhumación de los restos, de García Lorca. Pensé que el magistrado tendría prioridad sobre su muerto, después de todo Lorca precedía en el tiempo la de Ocantos a lo que habría que sumarle el prestigio del que goza el primero en relación a la escasa popularidad del segundo.  Como agravante baste señalar que Lorca es fusilado por falangistas mientras que Ocantos, trece años más tarde, es fulminado por un cáncer de próstata: muy poco romantik. Lorca, ultimado junto a dos toreros y un maestro de escuela, fue a dar con sus huesos a una fosa común como Mozart; Ocantos muere en su cama, en un cuarto de pensión del barrio Chamberí como tantos otros cuyos nombres se ignoran. El muerto de Garzón es un fiambre ilustre, prestigioso; el otro no. Pero Lorca es tan sólo la punta del iceberg, el juez que procesó a Pinochet, que persiguió a los terroristas vascos y a los miembros de al-Qaeda en España se ha declarado «competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo».  La determinación supone ir contra la ley de amnistía del 77 que buscaba terminar con las conocidas diferencias de una y otra España: “Cuando canta un gallo negro, es que ya se acaba el día; sí cantara un gallo rojo otro gallo cantaría!” Aquel acuerdo nacional tuvo por objeto marchar hacia delante mientras la carga iba acomodándose sobre la marcha. La idea no era del todo descabellada, tampoco habían demasiadas alternativas. Sin transición no hubiera habido ni movida madrileña, ni destape, ni hashish, ni Almodovar, ni premios para Cecilia Roth, ni cantautores para la taquilla del Gran Rex. El resultado de aquel borrón y cuenta nueva es esta España, más socialista acaso, de lo que se estimaba posible.
Los argentinos, en cambio, elegimos otro camino: la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, hizo posible juzgar los crímenes de la dictadura. En el trajinar se agotaron las voluntades de miles reduciendo la causa a una gesta familiar, símil-secta en la que los devotos e iniciados celebran cada encuentro entre los representantes de la nueva iglesia y el estado. De tal modo, la imagen de Cristina Fernandez junto a Bonafini, tendría un valor residual de aquella otra junto al cardenal Bergoglio.  A falta de un muro de separación, el estado reconoce la existencia de más de un culto y la causa, devenida religión, acaba compartiendo los favores del Gobierno federal con el culto católico y la calle con las sectas protestantes.
Se me ocurre que tendría que haber otra manera de resolver los pleitos pendientes sin reproducir sistemáticamente los mecanismos del martirio, el castigo y la culpa. ¿Acaso España no había superado esa instancia integrándose al proyecto levemente laico de una Unión Europea constitucionalista y republicana? El riesgo que asume Garzón pone en juego la transición democrática que le ha permitido a España sobrevivir a las pretensiones regionales, a los infinitos desgarres y rupturas sociales. La apertura de causas vinculadas a los crímenes cometidos durante la guerra civil, hará que irremediablemente se planteen demandas de uno y otro lado en la antigua división entre españoles rojos y nacionales. Para muchos, Garzón es el único que no se ha dado por enterado de que Franco está muerto y que la Historia ya se encargó de ubicarlo en la galería de los más destacados homicidas. En algún momento es indispensable pasarle la posta a los historiadores y que sean ellos los que se encarguen de determinar responsabilidades, de otro modo la pesadilla de un juicio que incluya desde las masacres de Ruanda y Burundi hasta la Guerra de los cien años, resultaría tan inviable como propicia causa de flamantes cruzadas. Y pensar que todo esto empezó por detenerme a contemplar los diarios camino al cementerio. Mejor me hubiera quedado en casa.